EL FRAUDE DE LA LEY ANTIFRAUDE

Enric Ticó

La Vanguardia 12/12/20

Imagínense ustedes una paradoja: el Gobierno de España quiere combatir el tráfico de estupefacientes en el estrecho de Gibraltar. Nos parece bien, porque no dudamos de que su objetivo no es tener más ingresos, sino proteger la salud de los españoles. Una duda: ¿Entonces por qué el proyecto de ley lo impulsa Hacienda, y no Sanidad?. Bien, vamos a aceptar pulpo como animal de compañía.

Lo preocupante para todos (incluyo a los que benévolamente estén leyendo este artículo), es que el Gobierno de España acaba de aprobar un Proyecto de Ley, “de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal”. Impecable, necesario, encomiable. Pero como siempre pasa con la burocracia política y administrativa, esta iniciativa que nació con tan buenas intenciones (era un texto de una veintena de artículos), y dada la ansiedad reglamentista impulsada por algunos despachos ministeriales ajenos a la calle, a la realidad, en el texto que se ha presentado al Congreso se prevé la modificación de hasta 79 artículos de la extensa normativa tributaria nacional. Cada Ministerio, para que nadie dude de su compromiso con la lucha contra el Fraude, ha ido añadiendo apartados, artículos, ... como si ahora hubiéramos descubierto la sopa de ajo, y nos hayamos consorciado por fin para combatir el fraude fiscal. Pero, como les decía y para ser positivos, bienvenido sea este proyecto de Ley.

Sin embargo, resulta que dado este furor de participación interministerial, algún funcionario ha introducido un par de artículos que, de aprobarse, podrían significar importantísimos problemas para nuestros puertos, aeropuertos, sistema aduanero... Como pueden pensar, no se trata de que hasta ahora todas estas infraestructuras logísticas (dependientes, por cierto, de nuestro estimado Estado), se hayan dedicado al pirateo, blanqueo, o tráfico de drogas. Claro que no. Pero insisto, en caso de aprobarse este proyecto tal como en estos momentos ha sido publicado, les hago saber que quien gestiona y organiza la cadena logística, es decir, los Transitarios y Representantes Aduaneros, en definitiva, los operadores logísticos que vehiculamos el 90% del comercio internacional español, nos veremos obligados a desviar una parte significativa de la carga, las mercancías, las importaciones y exportaciones, a través de puertos y aeropuertos portugueses, franceses... y andorranos si hace falta.

¿Por qué?. Seré breve. Porque de aprobarse este proyecto, no habrá ningún Operador Logístico que quiera asumir las nuevas e ilógicas condiciones que se nos imponen.

Concretamente, se nos hace responsables no de nuestro trabajo (conseguir transportar una mercancía de un punto A a un punto B del globo terráqueo, no solo de las CocaColas, Zapatos o Play Stations... también de mascarillas, vacunas, medicación en general de manera rápida, segura y eficiente), sino también de las obligaciones tributarias de nuestros clientes por el mero hecho de prestar el servicio consistente en realizar declaraciones aduaneras en su nombre seremos corresponsables de sus deudas tributarias. Pasaremos a ser el salvavidas de la Administración que, como no quiere asumir el riesgo de que determinados sujetos pasivos impaguen su deuda tributaria (por ejemplo por un concurso) quiere imponer que respondan los Transitarios Representantes Aduaneros, poniendo en riesgo su propia actividad mercantil. Es decir, la acción de la Administración implica el riesgo absoluto de quiebra de las empresas de nuestro colectivo. Por otra parte, la necesaria elevación de precios para tratar de sobrevivir, sin aportar valor añadido alguno, provocará la pérdida de competitividad del sector logístico español, por lo que, tal y como se indica anteriormente, solo nos queda salir al exterior, desviando tráficos a otros países de nuestro entorno europeo.

Para poner un ejemplo, haciendo referencia a otras profesiones: ¿Les parecería lógico que los abogados, si su cliente no paga las indemnizaciones o sanciones impuestas por un tribunal, fuese su abogado quien tuviera que pagar?. ¿O si el cliente se da a la fuga después de una sentencia de prisión, fuese su abogado quien acabase entre rejas? ¿O bien el asesor fiscal, que realiza responsablemente una declaración de renta a cargo del contribuyente, y éste no satisface sus obligaciones, fuese el gestor quien debiera pagar los impuestos del cliente?.

Ya en el año 2018, las principales asociaciones del sector calculamos que, de aplicarse esta norma tal y como está prevista, podría suponer un perjuicio para nuestras empresas de más de 84 millones de euros anuales y la pérdida de unos 50.000 puestos de trabajo directos y unos 100.000 indirectos, todo ello analizado en su momento con un panorama económico favorable. Podrán imaginar ustedes que en la situación actual, en la que nuestro colectivo ha sufrido una caída media de la actividad del 54%, los efectos serían mucho más devastadores.

Cualquier persona que haya regentado un negocio en alguna ocasión, entenderá que estos requerimientos son inaceptables. Creemos en la Unión Europea, y no es de recibo aplicar en España mecanismos que el Código Aduanero de la Unión no contempla. Por lo tanto, si el tema no se resuelve por vía Parlamentaria, acudiremos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ganaremos. ¿Pero saben cuál es el problema?. Que cuando lo hagamos, una parte importante de las PYMES de nuestro sector habrán desaparecido: ¿Qué banco les va a dar crédito, si -injustamente- tienen miles de millones de euros avalando operaciones logísticas que se ha completado satisfactoriamente? ¿Y por qué los Transitarios y Representantes aduaneros de nuestro país son tratados por nuestra administración de manera distinta a nuestros colegas europeos?

Mi llamada es a los Grupos Parlamentarios del Congreso. Sólo con retocar un par de artículos de esta Ley evitaremos daños irreparables a nuestro tejido empresarial. Solo pedimos competir en igualdad. Porque somos tan europeos como los alemanes, franceses, o búlgaros ¿O no?

Si logísticamente queremos que España siga teniendo un papel relevante en este negocio, por favor, no lo hundan. Necesitamos de nuestros ilustres gobernantes sentido común, conocimiento del mercado logístico internacional, y sencillamente, empatía.